El Reglamento no está funcionando

Las votaciones de los informes de las Comisiones de Medio Ambiente, Derechos Fundamentales y de Principios Constitucionales han mostrado malos resultados. Para que hablar de la votación del importante informe de la Comisión de Sistema Político, donde se rechazaron en general 93 artículos de un total de 96.

Sería simplista achacarle la responsabilidad de esto a los convencionales de forma individual. Han sido las reglas de procedimiento las que han generado los incentivos que hoy nos llevan a esta situación. Desde el Centro de Estudios Horizontal hicimos una serie de propuestas para un Reglamento que promoviera los acuerdos. Varias de ellas fueron recogidas en las propuestas de reglamento de los Convencionales del Colectivo Independientes, Renovación Nacional y Evolución Política las que, sin embargo, no fueron recogidas en el texto definitivo.

Hoy se hace evidente que las comisiones temáticas están generando textos que no reúnen grandes consensos, que no han sido elaborados de forma transparente y participativa, y que no cuentan con la calidad técnica suficiente como para ser incorporados al borrador de nueva Constitución. Estas falencias se podrían haber evitado recogiendo algunas de las propuestas del Centro de Estudios Horizontal, que exponemos a continuación:

Primero, para promover que los informes que llegaran al Pleno reunieran acuerdos amplios, se propuso una regulación distinta para la aprobación de normas en comisiones, pues son estas la mejor instancia para fomentar diálogo y transversalidad. Es por esto que sugerimos que las normas fueran aprobadas a través de una regla de “consenso suficiente”, generando disposiciones que representaran a todos los colectivos relevantes de la Convención, o eventualmente una regla de aprobación por dos tercios en comisiones, que permitiera preparar el camino al pleno. En su lugar se optó por la regla de la simple mayoría, con los resultados que están a la vista.

En segundo lugar, se planteó consagrar espacios institucionales de negociación reservada cuyos resultados se hicieran públicos luego de finalizado el proceso. Esta propuesta reconocía que las negociaciones requieren que los convencionales puedan sincerar posiciones, lo que se dificulta cuando todas las instancias formales son televisadas. En su lugar, se optó por que todas las sesiones fueran públicas, lo que generó que algunos grupos de whatsapp y reuniones informales de trabajo, en ambos casos sin representación de todos los convencionales, se hayan transformado en las instancias principales de redacción de normas. Esto atenta contra la transparencia y dificulta una correcta comprensión de los debates y del sentido de las normas.

En tercer lugar, se defendieron mecanismos de participación acotados pero incidentes, que permitieran concentrar los esfuerzos en su implementación y difusión. En su lugar se aprobaron normas maximalistas que, o no se han cumplido (como los cabildos presenciales o la jornada nacional de deliberación) o han sido ignorados por los convencionales (muy pocas iniciativas populares de norma han sido aprobadas por la Convención).

Finalmente, se propuso la existencia de una Comisión de Armonización que sesionara a lo largo de todo el proceso y que contara con facultades relevantes para darle coherencia a los textos aprobados. En su lugar se consagró un órgano con escasas atribuciones para corregir errores y que cuenta con sólo dos meses de trabajo para constituirse, dotarse de reglas y corregir un texto extenso y deficiente.

Gran parte de los problemas de la Convención tienen motivos más profundos que sus reglas de procedimiento, y por lo mismo son muy complejos de resolver. Los defectos relatados aquí y que fueron advertidos durante el diseño reglamentario, son de fácil solución, y todavía estamos a tiempo de corregirlos. Esperamos que la falta de autocrítica no nos impida contar con un procedimiento que efectivamente permita un diálogo transversal en la Convención y quizás su moderación. Sin ello los acuerdos por ⅔ serán muy difíciles de alcanzar dentro de plazo.

*Publicada en El Mercurio.