El litio, Grau y la buena política industrial

La bullada licitación de 80.000 toneladas de litio quedó atrás, pero la discusión más profunda sobre cómo enfrentar la producción de este y otros recursos sigue vigente. ¿Debería el Estado producir baterías de litio? ¿Queremos que solo se ocupe en definir las reglas del juego o uno emprendedor, a la Mazzucato?

El 11 de marzo, el nuevo ministro de Economía, Nicolás Grau, asumirá una cartera con un rol clave para responder estas preguntas. De esta depende la CORFO y una agenda de competitividad y productividad que ha trascendido a los últimos tres gobiernos. Lamentablemente, el programa que debe implementar es en extremo voluntarista: la mera creación de un Banco Nacional de Desarrollo o una Empresa Nacional del Litio impide identificar las causas de nuestra baja productividad y sugiere una visión en donde el Estado sustituye el rol del privado, en vez de complementar su actuar en pos de un objetivo común.

En la discusión pública sobre política industrial solo afloran los extremos. Mientras unos señalan que no puede ser que “el burócrata” de turno elija los sectores en donde invertir, los críticos del laissez faire aseguran que los empresarios no innovan lo suficiente, por lo que el Estado tiene que intervenir. Ambas visiones se alejan de la compleja realidad y nos inmovilizan en la necesaria discusión para tener una economía más productiva, competitiva y diversificada.

Una buena política de desarrollo productivo debe basarse en una relación de confianza y trabajo coordinado entre Estado-empresas. En Canadá, por ejemplo, cuando se tramita un proyecto de inversión, los evaluadores públicos ayudan a los privados a conjugar su viabilidad social y medioambiental. ¿Cuánto hubiera mejorado el proyecto minero Dominga si entre la empresa y servicios públicos como CONAF o la Subsecretaría de Fuerzas Armadas hubieran definido conjuntamente la localización del puerto?

Esta relación de confianza permitiría que las empresas revelen al Estado cuáles son las restricciones que desincentivan la inversión. Son las empresas las que mejor conocen dónde les “aprieta el zapato”, no el Estado. Pero, es el Estado – y no las empresas – el que muchas veces tiene los insumos necesarios para que estas puedan desplegar sus inversiones (conectividad física y digital, incentivos a I+D, mala regulación).

También debemos dejar de lado la añeja idea de que la política industrial se trata de elegir sectores, cuando su discusión debería estructurarse en torno a desafíos-país. En el caso del litio, por ejemplo, hoy la DGA no tiene ningún know-how sobre modelos hídricos que permitan su extracción sostenible desde los salares, mientras que las principales empresas productoras sí. Es fundamental, entonces, que trabajen juntos para acometer este desafío.

Esperemos que -en materias de políticas de desarrollo productivo- las primeras señales del gobierno entrante apunten a identificar los tres aspectos claves que aquí se mencionan: (i) potenciar la relación de confianza Estado-empresas; (ii) identificar los cuellos de botella a la inversión que justifican un rol activo del Estado; y (iii) trabajar coordinadamente en torno a los desafíos que tiene nuestro país.

*Publicada en La Tercera.