Construyamos un mejor Estado
Ante la falta de una legislación oportuna con respecto a la relación laboral entre los diversos servidores públicos y el Estado, la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que, desde enero del 2023, todo el personal trabajando a honorarios por más de dos años sería designado como empleado a contrata. Si bien es necesario enfrentar la precaria situación en que se encuentran estos funcionarios, la CGR no puede seguir parchando las falencias estructurales de nuestro sistema de empleo público. Gracias al nuevo proceso constitucional, como país tenemos la oportunidad de preguntarnos qué servicio civil queremos y, desde allí, diseñar un mejor Estado, que esté a la altura de las responsabilidades que le entregará el nuevo órgano constituyente y las necesidades cada vez más crecientes y complejas de la población.
Actualmente, más que una situación habitual, los funcionarios a contrata y a honorarios constituyen la regla general en los Órganos de la Administración en nuestro país. Esto ha redundado en la instalación fáctica de un modelo de entrada abierto, en el que existe una elevada capacidad de asignación discrecional en los cargos, se producen pocos concursos públicos y, en consecuencia, se debilita la meritocracia como criterio de asignación de puestos, dado que la mayoría de los funcionarios no pasan por filtros de selección antes de ser empleados. En efecto, según la primera encuesta del Servicio Civil (2020), la mayoría (52%) de los servidores públicos se han enterado de las vacantes que ocupan a través de un conocido u otro funcionario en lugar de un anuncio público y más de un cuarto (27%) indica que obtuvo su primer empleo en el sector gracias al apoyo de amigos o familiares en el Estado. En los hechos, a lo largo del 2020 solo el 45,2% de los funcionarios a contrata y afectos al Código del Trabajo ingresaron al servicio público por procesos de reclutamiento y selección (Servicio Civil, 2020).
Del mismo modo, la alta rotación de personal directivo en torno al ciclo electoral tiene un impacto negativo sobre la calidad de los servicios públicos y el logro de metas de mediano y largo plazo. Actualmente, del total de cargos de primer nivel jerárquico, el 60% no está adscrito, lo que significa que no son seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública sino discrecionalmente. A esto se suman los cargos de confianza exclusiva del Ejecutivo. Esta situación ha redundado en que los altos directivos no gozan de la estabilidad laboral suficiente para la proyección estatal de largo plazo, durando en promedio 3 años en sus puestos. Incluso tras la reforma del 2016 más del 60% de las jefaturas siguen egresando de su cargo involuntariamente al inicio de un nuevo gobierno (Servicio Civil, 2022). En esta línea, cuando las jefaturas dependen en demasía del gobierno de turno se arriesga un mayor amiguismo y patronazgo en las contrataciones de funcionarios que no requieren filtro de selección, como sucede con los honorarios y contrata.
Avanzar decididamente hacia un Estado moderno, eficiente y con una alta capacidad burocrática, requiere que la administración pública sea capaz no solo de atraer, sino también retener a directivos de excelencia, con evaluaciones de desempeño eficaces y un servicio civil meritocrático, profesional y unificado. Un sistema de empleo público coherente con estos objetivos es aquel donde la regla general es el acceso mediante concursos abiertos que prioricen la idoneidad técnica por sobre la política, con una clara diferencia entre las funciones directivas de Estado de aquellas que son de gobierno.
En este sentido, en la reciente Convención hubo valiosas propuestas orientadas a atenuar la interferencia política en los órganos de la Administración del Estado, a través de, entre otras medidas, la consagración de un Servicio Civil con autonomía constitucional, el establecimiento del derecho de todos los ciudadanos a acceder a los empleos y cargos públicos mediante procesos de selección en condiciones de igualdad y con respeto al carácter técnico, profesional e imparcial de quienes conforman la Administración del Estado, y la incorporación de deberes del aparato público con respecto a su modernización y el buen trato hacia las personas.
El actual momento de cambio constitucional es idóneo para impulsar una reforma estructural a nuestro servicio civil en todos sus niveles. Si el diseño de un Estado social y democrático de derecho no es acompañado con las exigencias burocráticas que demanda, probablemente nos enfrentemos a una nueva letra muerta dañina para la fe pública.
Publicada en El Mostrador.
