Clases suspendidas, derechos vulnerados

En lo que lleva del año, el Instituto Nacional ha perdido 25 días de clases. Siete de ellos debido a paros de profesores; el resto, por la acción vandálica de un grupo de encapuchados que obliga a enviar a los demás estudiantes a sus casas. Hace una semana, un grupo de estudiantes se tomó el recinto en protesta por la gestión del alcalde Desbordes, actual sostenedor del Instituto. Más de un mes sin actividades escolares, y contando.

Lo grave de esta situación es que se vulnera el derecho de la gran mayoría de los estudiantes del Instituto Nacional de asistir a clases, aprender, socializar y desarrollar sus talentos. 

Pero el Instituto Nacional es sólo un caso, dirá el lector, esto no representa a la gran mayoría de las escuelas. Lamentablemente, la suspensión de clases no es una situación excepcional que sólo impacta a “liceos emblemáticos”, sino que miles de estudiantes de todo el país ven limitado su acceso a la educación en forma permanente. 

En marzo el año escolar inició con paro de docentes y de asistentes de la educación en Santiago y Magallanes; en abril en el SLEP de Coquimbo y Andacollo se suspendieron las clases por sueldos impagos a los profesores, en Quilicura por narco funerales y en O’Higgins por malas condiciones de infraestructura; en mayo el paro de la CUT exigió suspender clases en todas las regiones;, lo mismo que en junio por el paro convocado por el Colegio de Profesores. Suma y sigue. Y no hemos detallado las veces que desastres naturales como lluvias e incendios impiden a los niños y jóvenes asistir a clases. 

Parece una exageración la letanía de regiones y situaciones, pero no lo es. Lo grave es que como país nos hemos acostumbrado a que la actividad escolar se paralice. La situación ocurre en colegios municipales, en aquellos pertenecientes a SLEP, pero también en colegios subvencionados y privados, dañando en forma irreparable a miles de niños y jóvenes. Al día de hoy, más de un millón de escolares del sector público han perdido al menos un día de clases por paros (Escuelas Abiertas, 2025). 

Y es que a veces las causas parecen justificadas: quién podría exigir abrir una escuela en medio de un temporal que impide cruzar el canal que rodea la escuela, también parece atendible que los docentes reclamen por sueldos o cotizaciones impagas. El problema es que siempre parece haber situaciones que justifican la suspensión de clases, incluso si en la mayoría de las ocasiones se conculca el derecho de niños, niñas y jóvenes de ejercer el derecho a educación.

A nivel de investigaciones, la pandemia nos permitió dimensionar los efectos del cierre de escuelas, tanto en aprendizajes como en desarrollo socioemocional. Desde Horizontal hemos explicado que la pérdida de una semana de clases implica una baja de 1,4 puntos en el SIMCE (imagine entonces el efecto de los 25 días en el Instituto Nacional). Por lo mismo, nos debería movilizar saber que cada día en Chile hay cientos de niños que no pueden asistir a la escuela, porque está cerrada.

Frente a esto es posible levantar varios puntos que deben abordarse con urgencia tanto desde las políticas públicas como desde la sociedad en general.

En primer lugar, resulta imprescindible hacerse cargo de los problemas de infraestructura e higiene de numerosos establecimientos que no cumplen con un estándar mínimo. Esto hace especial sentido en los SLEP, donde el uso de recursos para estos efectos suele ser complejo y burocrático (a pesar de que hay avances en algunas iniciativas legales del Mineduc), y sucede que la reparación de techos o compra de material pedagógico ocurre a la velocidad del Estado y no a la de las necesidades de estudiantes y docentes. 

Lo mismo ocurre con la situación laboral de los docentes y asistentes de la educación: resulta un mínimo exigible que reciban sus sueldos y cotizaciones en forma adecuada. Lo que no implica aceptar que cuando los profesores hacen sus demandas (algunas legítimas, otras más cuestionables) usen medios de presión que perjudiquen a los estudiantes, y estos sean usados como moneda de cambio para obtener respuestas.

En segundo lugar, faltan datos de fácil acceso para evidenciar la cantidad de días que se pierden de clases. Si bien esta información existe en cada comuna y región, falta un sistema que consolide los datos, que incorpore todos los tipos de establecimientos y que permita monitorear día a día cuántos jardines, colegios, escuelas y liceos se encuentran cerrados. Sólo teniendo esta información accesible, rápida y transparente, es posible tomar medidas adecuadas acorde a cada realidad escolar.

En tercer lugar, y relacionado a todo lo anterior, es indispensable llegar a acuerdos sociales sobre la relevancia de la continuidad educativa. Minimizar los costos y daños que han tenido los paros y violencia en el Instituto Nacional es parte del problema; por lo mismo, es necesario avanzar hacia un acuerdo sobre la relevancia de que la escuela esté siempre abierta para recibir a los estudiantes (o sea la última en cerrar y la primera en abrir). 

En este sentido, el proyecto de ley presentado por un grupo transversal de senadores –actualmente detenido en el congreso– que propone declarar la educación como servicio esencial, realizando una modificación constitucional, resulta una propuesta en el sentido correcto. Aunque es un buen proyecto, es insuficiente, ya que esta legislación sólo será una realidad cuando todos en Chile acordemos que nuestros niños, niñas y jóvenes tienen derecho a asistir a la escuela. Todos los días.

Esta columna se elaboró para el centro de estudios Horizontal.