Artículos del borrador “amenazan con producir graves retrocesos en derechos y libertades”

Un análisis crítico de múltiples artículos del borrador de nueva Constitución realizaron en el centro de estudios Horizontal -ligado a Evópoli-, en el que a través de un documento de 44 páginas, elaborado por José Manuel Astorga y José Antonio Valenzuela, se exponen los «siete nudos críticos» del texto.

El trabajo agrupa temáticamente artículos en siete acápites. Estos son: sistema político y gobernabilidad; sistema económico; reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y plurinacionalidad; derechos sociales; seguridad, orden público y defensa; relaciones internacionales y política exterior, y reforma a la nueva Constitución. Se aclara que no se pretende realizar un tratamiento exhaustivo de la propuesta constitucional, sino que un primer análisis crítico a un grupo acotado de materias.

Y si bien se reconoce que el texto contiene normas para impulsar cambios necesarios para el país, se indica al mismo tiempo que se aprobó una serie de artículos que consideran defectuosos, que generarían alto nivel de incertidumbre «o que derechamente amenazan con producir graves retrocesos en el ejercicio de los derechos y libertades de las personas».

Así, se señala que la regulación propuesta en sistema político no se hace cargo de los aspectos que se identificaban como problemáticos. Si bien se destaca que se optó por mantener un sistema presidencial, lamentan que «se introdujeron una serie de modificaciones que debilitarán la capacidad que tiene esta autoridad para dar gobernabilidad».

Entre lo aprobado se cuestiona que se «pierde la ‘iniciativa exclusiva presidencial’ que consagra la actual Constitución, la que es reemplazada por «leyes de concurrencia presidencial necesaria». Esto permite que parlamentarios puedan presentar propuestas de ley en materias como aquellas que irroguen gastos». Aquello, se advierte, «arriesga debilitar la responsabilidad y sostenibilidad fiscal».

También se critica que se modifique el veto presidencial, señalando que ahora se propone un «veto débil» para enmiendas, donde el Congreso podrá rechazar el veto e insistir en su propuesta con mayoría simple, y un «veto fuerte» aplicable únicamente para el rechazo total de un proyecto de ley.

En este apartado también se subraya que en el nuevo diseño político «se hace muy posible que sean las mociones de diputados las que avancen mientras que las de representantes regionales duerman en el Poder Legislativo», al ser el Congreso de Diputadas y Diputados siempre la cámara de origen.

En el sistema económico, en tanto, se cuestiona la norma que entrega «derechos a la naturaleza, cuyo alcance y contenido no se delimita con precisión», advirtiendo que la regulación propuesta «arriesga que múltiples intereses participen de esta tarea». Además, mencionan que en el caso de la actividad minera se elimina el reconocimiento vigente sobre las concesiones de exploración y explotación: «Queda sujeta a una regulación posterior, lo que dificultará mantener las inversiones existentes y atraer nuevas».

A la vez, incluyen que en materia de derechos para pueblos indígenas aparece la consagración de un «procedimiento de consulta excesiva, que lo transforma en la práctica en un derecho a veto en materia que puedan afectarlos».

En el capítulo sobre reconocimiento de PP.II. y plurinacionalidad, indican que la propuesta «acompaña el reconocimiento político con una serie de derechos individuales y colectivos configurados, en su mayoría, como un ‘estatuto privilegiado’ frente al resto de quienes conforman esta generación de chilenas y chilenos». Asimismo, ven con malos ojos la creación de un sistema de justicia paralelo, «que coexistirá en igualdad de condiciones con la justicia chilena, sin restricción de materias».

En el ámbito de los derechos sociales, recalcan que su debate se dio sin promover acuerdos transversales. En materia de salud, por ejemplo, dicen que si bien comparten la idea de un plan universal de salud, no concuerdan con que este tránsito se deba implementar «excluyendo totalmente el rol de los privados en la administración de fondos de salud (…). Muy por el contrario, al no absorber las consecuencias de sus resultados, los órganos estatales suelen incurrir en falencias que afectan directamente a la comunidad». Y en educación, afirman, «urge relevar que esta Constitución omite el deber y derecho preferente de madres y padres de educar y cuidar a sus hijas e hijos».

Mientras, en el apartado de seguridad y orden público se cuestiona que se limiten los estados de excepción, al eliminarse el estado de emergencia. «Con esto se despoja al Presidente de una herramienta que ha sido utilizada por gobiernos de todos los colores políticos», se señala.

Sobre la policías también incluyen que el texto no establece qué instituciones las integran, advirtiendo que una ley aprobada por mayoría simple «podrá ponerle fin a cualquiera de esas instituciones».

En el capítulo de relaciones internacionales, en tanto, uno de los artículos cuestionados es el que dice que Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales: «Limita el ejercicio de la potestad de los gobiernos democráticamente electos de establecer las prioridades que estimen más convenientes para el país al conducir la política exterior».

Mientras, en el apartado sobre reforma a la Constitución, cuestionan que de querer realizar mejoras a la nueva Carta Magna, el Congreso «se verá expuesto a un trámite engorroso (referéndum) o a un quorum muy alto para su reforma directa en el Legislativo, lo que dificultará su puesta en marcha u obligará a la realización de constantes referéndums».

 

*Publicada en El Mercurio.