Un Consejo Económico y Social para Chile
Chile se encuentra en un ciclo político marcado por la necesidad de generar grandes acuerdos y profundos cambios que definirán al país de las próximas décadas. Sin embargo, el debate actual se ha visto condicionado por eventos que llaman a la inmediatez, sacrificando la necesaria tarea de mirar más allá. Del mismo modo, los canales típicos de participación se han visto excedidos, lo que ha llevado que cada grupo busque formas extrainstitucionales para defender o promover sus posiciones. Tal escenario dificulta la construcción de una estrategia para el desarrollo, que trascienda a los gobiernos de turno y otorgue igual importancia a las preocupaciones de cada agente. Es por ello necesario concordar en la creación de una nueva institucionalidad, que permita el diálogo abierto, estimule los consensos y sea la brújula de las decisiones que tomen los futuros gobernantes.
Uno de los arreglos institucionales que ayudarían a incentivar relaciones de cooperación entre los actores políticos y de la sociedad civil es la social partnership, promovidos por la OIT y la OECD como una forma adecuada de enfrentar los desafíos que impuso la pandemia. Por lo general, estos son tripartitos y quienes participan del diálogo social tienden a ser miembros del Estado, representantes mundo sindical y empresarial. En esta línea, varias personas coinciden en la necesidad de crear un Consejo Económico y Social (CES) permanente, de carácter cuatripartito y con presencia en las regiones, en el que además de los grupos señalados se incluya a las organizaciones de la sociedad civil. Se trataría, en resumidas cuentas, de un foro de negociación similar a los que se han implementado en Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Holanda o Hungría.
El fin del CES es generar instancias de diálogo y reportes técnicos para la toma de decisiones por parte de la autoridad central. El resultado de las conversaciones que allí se generen tiende a representar un importante respaldo a las políticas públicas que en el CES se identifiquen como necesarias, razón por la que ayuda a agilizar la legislación sobre temáticas tan importantes como la generación de empleo, la definición de estrategias para la reconversión laboral, el apoyo al emprendimiento y la modernización del Estado. De ahí que su efecto sobre el desarrollo, las condiciones laborales y la eficiencia estatal sea positiva.
De llevar adelante una institucionalidad como esta, seríamos capaces de ensanchar el abanico de actores que participan en la discusión de temas que tienden a ser debatidos por el gobierno de turno y el grupo de interés que logre ejercer más presión. Precisamente, la conformación de un CES evitaría esta lógica, propiciando una dinámica cooperativa, reiterativa y de proyección a largo plazo acerca de materias económicas y sociales.
*Publicada en La Segunda.
