Romper el círculo vicioso
La descentralización implica tanto oportunidades como riesgos en materia de transparencia y probidad. Recientemente hemos sabido de eventuales casos de corrupción e irregularidades financieras a nivel municipal, conocidos en gran medida gracias al límite a la reelección. A esto se suman algunas prácticas normalizadas en las administraciones comunales, como lo es poseer más de la mitad de sus funcionarios a honorarios y poca transparencia y control en las Corporaciones Municipales. Lamentablemente, se trata de fenómenos que podrían reiterarse en los nuevos gobiernos regionales, ya que, por su orgánica y particularidades, estos replican el diseño de los municipios.
Los continuos escándalos de corrupción se encuentran íntimamente ligados a la crisis de nuestra democracia. Al salir a la luz pública, estos minaron la confianza en los partidos políticos tradicionales y en las instituciones de la República, junto con generar un clima favorable tanto para populistas como para agentes radicales y outsiders.
En este contexto, se produce un círculo vicioso difícil de romper. Una vez que los discursos populistas comienzan a tener éxito electoral, más políticos, incluyendo aquellos que pertenecen a antiguas organizaciones, adoptan esta ideología como propia, lo que se traduce en una mayor polarización y priorización de agendas de corto plazo, dificultando así la generación de acuerdos sustantivos en materias relevantes para el correcto funcionamiento del Estado. Bajo esta dinámica, un problema de fondo y vinculado a la desconfianza en las instituciones y auge del populismo, como la corrupción, queda soslayado y desatendido en su profundidad, permaneciendo cual espada de Damocles sobre las cabezas de viejas y nuevas autoridades.
Todavía estamos a tiempo de enfrentar estos y otros desafíos pendientes en materia de transparencia y probidad, pero se requiere priorizar políticas de Estado tendientes a asegurar una mejor administración pública. Nada de esto ocurrirá mientras la discusión siga entrampada en la sola condena moral de hechos que requieren soluciones institucionales. De seguir así, difícilmente podremos salir de la actual crisis antes de que vuelva a estallar un nuevo escándalo que vuelva a minar no solo la confianza pública en la política, sino también la democracia y sus instituciones.
*Publicada en La Segunda.
