Financiamiento público de las campañas
Tres diputados oficialistas anunciaron la presentación un proyecto de ley con el objetivo de quitar el financiamiento público de las campañas políticas para las elecciones que se celebrarán este 21 de noviembre, por única vez. Los recursos ahorrados, indican, serían orientados para paliar los efectos que ha producido la pandemia. La iniciativa es preocupante, ya que no solo va contra la experiencia internacional en materia de financiamiento a la política, sino que da cuenta de una lectura errónea de la situación nacional.
Tras el “Caso coimas”, las reformas que se han realizado en materia de financiamiento desde los 2000 han buscado regular la relación entre el dinero y la política. En esta línea, la norma que establece aportes públicos a las campañas apunta, principalmente, a reducir el desigual punto de partida de los contendores. En efecto, la ley vigente busca evitar que los procesos electorales se encuentren distorsionados en favor de quienes poseen una mayor simpatía por parte de grupos que concentran recursos, permitiendo así que los resultados de las elecciones sean justos y, en consecuencia, acatados por los competidores sin chistar. Del mismo modo, desincentiva el financiamiento y gasto irregular o poco transparente, ya que impone la obligación de declarar las boletas emitidas en campaña para percibir la subvención pública. De hecho, a nivel latinoamericano, los únicos países de la región que no prevén este tipo de subvención estatal son Venezuela y Bolivia, quienes la suprimieron.
La evidencia indica que existe una curva cóncava entre el financiamiento y los votos obtenidos. Si bien en la elección del 15 y 16 de mayo se presentaron excepciones a la correlación entre las preferencias manifestadas y los recursos desplegados, con listas que gastaron poco y que obtuvieron muchos sufragios y viceversa, se trata de un caso que no elimina años de experiencias acumuladas.
En el contexto de crisis institucional y política en la que Chile se encuentra, legislar una medida como esta sería extremadamente irresponsable. No tiene sentido enturbiar la elección de noviembre con iniciativas apresuradas, que cambian las reglas del juego y producen incertidumbre. La equidad de la competencia debe ser reforzada, no minada.
*Publicada en La Segunda
