Es hora de ponerle el cascabel al sistema judicial chileno
Cuando menciono al “sistema judicial” me refiero a todo el sistema que comprende la detección de los casos delictivos, su investigación, el proceso judicial y las cárceles. En el pasado he escrito columnas respecto al poder judicial, pero casos recientes me impulsan a volver a escribir sobre el tema, pero con una visión más amplia. Es llamativo el poco interés de los medios, de los políticos y de los abogados por resaltar y resolver el problema del sistema, siendo que, en gran medida, el aumento de la delincuencia, del narcotráfico y de la desconfianza para invertir en el país son consecuencia directa de la inoperancia del sistema judicial.
El caso del alcalde de San Ramón muestra una terrible falla del sistema en cuanto a la detección, la investigación y formalización. Este caso no fue detectado por el sistema de “inteligencia” del Estado, sino porque TVN basó un programa de Informe Especial en rumores que relacionaban al alcalde Aguilera con el narcotráfico. Mucho ya se ha hablado de la falta de inteligencia del Estado chileno para detectar el narcotráfico, el terrorismo y delincuencia general, pero no solo llama la atención la forma en que se inicia esta investigación, sino los tres largos años que se demoró para concluir que hay mérito para formalizar al edil. Más aún, causa estupor que el 15ª Juzgado de Garantía de Santiago acceda a fijar, recién para el 27 de septiembre, la audiencia de formalización solicitada en este mes de abril. En definitiva, tres años para investigar un caso grave detectado por periodistas, cinco meses para que un juzgado fije la audiencia de formalización, y vaya uno a saber cuántos años para que se emita un fallo. Mientras tanto, si las acusaciones de fraude al fisco, delito de designación de cargos, delito de negociación incompatible, cohecho y lavado de dinero fueran ciertas, tendremos una persona inadecuada ocupando la alcaldía durante 4 o más años; y si no fueran ciertas, tendremos un alcalde difamado injustamente por muchos años. Esta lentitud lamentablemente no es una excepción, sino la norma. El sistema no funciona, pero nadie le pone el cascabel al gato.
En materia de tiempos para sancionar un fallo, el record Guiness lo tiene el juez Alejandro Madrid, quien demoró 16 años, con dedicación casi exclusiva, para emitir un fallo relacionado con el fallecimiento del ex Presidente Frei Montalva, posteriormente revertido por la Corte de Apelaciones por falta de mérito. Lamentablemente estos largos plazos para fallar no son una excepción, sino una norma. Un sistema que funciona más lento que babosa con asma no sirve, pero nadie le pone cascabel al gato.
En materia de incerteza, el 3 de julio del 2019 escribí la columna “De la incerteza a la injusticia” resaltando que, para una misma materia, la Corte Suprema variaba su criterio, sea por una composición distinta de la sala en la que se trataba el hecho, o por la inclusión de abogados integrantes, o por el simple hecho de que los jueces integrantes votaban según se les daban las ganas en casos de igual naturaleza. Al final del día, tal como lo presentaba un artículo de El Mercurio del 9 de Marzo del 2019, las sentencias judiciales chilenas terminan siendo una verdadera tómbola, que no solo generan incerteza jurídica sino también la posibilidad de que el sistema se termine corrompiendo. Un sistema judicial con fallos inciertos simplemente no funciona ni sirve, pero nadie le pone el cascabel al gato.
Además de incerteza y lentitud, tenemos impunidad. Unos días atrás se publicó una columna de Iván Poduje relacionada con el empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario luego de denunciar que su terreno en Quilpué había sido tomado por un vecino para efectuar un loteo brujo. Pese a la conmoción del caso, la toma sigue, la maquinaria pesada sigue abriendo los caminos al interior del loteo, y el organizador se pasea por el predio asesorando a los que están construyendo. Como dice Poduje, lo peor no es la desfachatez del personaje, sino la impunidad con la que se mueve. Ya se han construido más de 100 viviendas, pero ninguna autoridad ha hecho algo por reponer el Estado de Derecho en el predio de la familia Correa. Claro está que esa impunidad es un juego de niños al lado de lo que sucede en la Araucanía, donde el terrorismo y el narcotráfico no solo se mueven a sus anchas, sino que incluso se dan el lujo de repeler el “ataque” de la PDI. Está claro que sistema no funciona, pero nadie le pone el cascabel al gato.
Además de lentitud, incerteza e impunidad, tenemos un serio problema con las sanciones y multas establecidas por la ley. Resulta inentendible que las multas por uso de información privilegiada y fraude al fisco sean sustancialmente inferiores a la utilidad obtenida, o fallos como el de San Antonio, donde el juez liberó a los delincuentes que tenían armas de fuego, plata y drogas en el baúl del auto porque los carabineros no fueron lo suficientemente “astutos” para justificar la solicitud de abrir el baúl. O bandas que usan a menores para efectuar los desmanes, con lo cual los detenidos enfrentan una verdadera puerta rotatoria. Está claro que la legislación debe ser actualizada permanentemente, pero nadie le pone el cascabel al gato.
Para terminar, tenemos un serio problema con las cárceles. Mientras que en otros países los delincuentes de alto peso, especialmente narcotraficantes, están resguardados en celdas de alta seguridad, con aislación total y sin posibilidad alguna de seguir delinquiendo, en Chile conviven con todo tipo de delincuentes, y usan el celular a destajo para seguir coordinando sus negocios. Está claro que el sistema carcelario no funciona, pero nadie le pone cascabel al gato.
Ahora bien, si el sistema en su conjunto no funciona, ¿quién tiene que ponerle el cascabel al gato?
En primer lugar, el Poder Ejecutivo. Hasta ahora ha sido incapaz de presentar leyes que introduzcan un sistema de Inteligencia de Estado lo más similar posible al FBI y a la DEA, y ha sido lento y tibio en proponer cambios radicales a la forma en que se administra la justicia. Ojalá que el próximo gobierno asuma este desafío con mayor intensidad.
En segundo lugar, la Convención Constituyente debiera introducir cambios radicales al diseño del Poder Judicial y del Ministerio Público. Si queremos evitar el clientelismo y el amiguismo, y fomentar la innovación y la actualización, debe cambiarse la forma en que son elegidos los jueces y los fiscales nacionales, y debe limitarse la duración en sus cargos. Si queremos evitar que las sanciones judiciales sean una tómbola, debe establecerse que la principal función de la Corte Suprema sea la unificación del derecho, y dejar en otras manos la administración, disciplina y evaluación del Poder Judicial.
*Publicada en El Líbero.
