Es hora de introducir la delación remunerada

Los diversos casos de colusión, evasión, elusión y corrupción han llevado a la autoridad, y especialmente a la oposición, a solicitar y exigir mayor fiscalización. El gran problema de estos casos es que su fiscalización no es trivial, porque no es fácil juntar las pruebas y porque transcurre demasiado tiempo entre el hecho en si mismo y su potencial condena. Precisamente por su naturaleza, los que organizan y gestionan estos hechos hacen todo lo posible para ocultarlos.

En nuestra legislación se contempla, desde hace unos años, la delación compensada en el caso de colusiones y hechos similares. Aquel participante, siempre y cuando no haya sido el que orquestó y gestionó el hecho, puede quedar exento de toda multa en la medida que entregue las pruebas necesarias que la fiscalía estime necesarias para negociar esta condición especial. El caso más famoso, en Chile, fue el de la colusión de las farmacias, cuando Farmacias Ahumada entregó a la Fiscalía Nacional Económica las pruebas que demostraban que los laboratorios habían digitado la colusión 1-2-3 de precios entre las tres cadenas. Farmacias Ahumada acordó una compensación con beneficio fiscal cercana a 1 millón de dólares, mientras que las otras dos cadenas fueron multadas, cada una, en unos 22 millones de dólares. Sin la delación compensada es altamente probable que la FNE nunca hubiese podido demostrar fehacientemente esos hechos y, de haberlo logrado, le hubiese llevado bastante más tiempo y recursos de los que tuvo que destinar.

Es hora de que además de contar con la delación compensada introduzcamos la delación remunerada, esto es, que cualquier persona que adjunte las pruebas necesarias para demostrar una colusión, corrupción, evasión, etc, sea beneficiada con un 10% o 20% de la multa aplicada, en la medida que no haya sido la organizadora y/o gestora del hecho. En el caso de la colusión de las farmacias, una denuncia de este tipo hubiese significado entre 6 y 12 millones de dólares de beneficio para el que hubiese entregado las pruebas. Esta cifra puede parecer elevada, pero es realmente vuelto de caja cuando se la compara con los 200 millones de libras esterlinas que percibió la persona que entregó las pruebas de la colusión de fijación de la tasa LIBOR en Inglaterra. O los cientos de millones de dólares que anualmente se pagan en Estados Unidos por hechos similares.

Veamos algunos ejemplos. Una persona o empresa que vende en negro, y con ello evade impuestos, podría ser delatada ante el SII por un empleado o un proveedor o un cliente. Otro ejemplo podría ser una persona que adopta una esquema “agresivo” para evitar el impuesto a la herencia. Podría ser delatada, ante el SII, por su secretaria, o su contador, o un empleado de la oficina de abogados. En el caso de una colusión, bastaría que cualquier persona denunciara los hechos, y entregara las pruebas suficientes, a la FNE. O una persona que supiera de coimas o uso de influencias, y que tuviera las pruebas suficientes, para denunciar a los funcionarios del estado o del poder judicial o del parlamento que estuvieran involucrados. Bastaría que un junior, una secretaria o un contador, que tuvieran suficiente acceso a información, hagan las denuncias y entreguen las pruebas suficientes.

El miedo de poder ser delatado por empleados propios o de terceros sería suficiente incentivo para disuadir a cualquier de orquestar y gestionar colusiones, evasiones y corrupción, e incluso elusiones agresivas. Siempre es mejor aplicar las fuerzas del mercado (incentivos a delatar) que aumentar el tamaño del Estado con un batallón de fiscalizadores, que además de aumentar el gasto del Estado, no garantizan resultados positivos, y más encima suelen aumentar los riesgos de corrupción. Porque los fiscalizadores no necesariamente son blancas palomas, especialmente si hay mucha plata de por medio.

Gabriel Berczely.
Director de Horizontal.

*Publicada en El Líbero.

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