Fernanda Castillo, investigadora de educación de Horizontal, aborda Escuelas Protegidas: “El foco es brindar formas de actuar sin imponer ni generar más burocracia”

El próximo 1 de julio entrará en vigencia la ley 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, también conocida como “Escuelas protegidas”, normativa que entre otras cosas permite la revisión de mochilas y la instalación de detectores de metales en los establecimientos educacionales que lo requieran.

“Hoy el foco de Escuelas Protegidas es brindar formas de actuar a los establecimientos sin imponerlas ni generar más burocracia. Desde el Senado se ha trabajado en considerar que estas medidas recaen sobre menores de edad y que, por lo tanto, cualquier revisión debe realizarse con respeto a sus derechos”, dice Fernanda Castillo, investigadora en educación del centro de estudios Horizontal.

Un punto importante para considerar, asegura, “es que la discusión ha buscado compatibilizar la necesidad de entregar herramientas a las comunidades educativas para enfrentar situaciones de riesgo con el debido resguardo de los estudiantes”.

¿Las experiencias de otros países sirven acá?

“Escuelas Protegidas hoy está funcionando como una medida que busca responder a una emergencia, entregando herramientas frente a situaciones de violencia respecto de las cuales estamos llegando tarde. Hay experiencias de otros países que muestran medidas que pueden servir, pero muchas de ellas están enfocadas en la prevención y en un trabajo sostenido con cada comunidad educativa. Esto implica involucrar a escuelas, familias y entorno, y requiere tiempo, compromiso y adecuación a cada realidad. El objetivo debería ser avanzar también en esa dirección, sin perder de vista que hoy existen situaciones que exigen respuestas más inmediatas”.

¿Las comunidades educativas están preparadas para este rol más protagonista?

«Durante años hemos tendido a normar desde la desconfianza hacia los establecimientos, limitando muchas veces la capacidad de directivos para enfrentar situaciones complejas. Creo que es importante avanzar hacia una mayor autonomía de las comunidades educativas, entregándoles herramientas para actuar con criterio y de acuerdo con su realidad. En este contexto el Ministerio de Educación debe cumplir un rol activo de apoyo y acompañamiento para fortalecer las capacidades de aquellos establecimientos que lo requieran”.

 A su juicio, ¿por qué se llegó a desconfiar tanto de los establecimientos?

“Hoy se estima que los establecimientos deben cumplir cerca de 3.000 obligaciones formales entre leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones. Eso ha ido cargando a directivos y docentes con cada vez más tareas administrativas y de cumplimiento. Muchas veces terminan dedicando tiempo a responder exigencias formales en lugar de concentrarse en lo pedagógico o en resolver los problemas propios de sus comunidades educativas”.

¿Podría estigmatizar colegios? ¿Con qué criterios se podría discernir entre establecimientos que necesiten y no necesiten, por ejemplo, detectores de metales?

“Lo importante es que cada establecimiento tenga la autonomía para decidir qué medidas de prevención quiere implementar y hasta qué nivel llegar. Ellos conocen lo que ocurre internamente y cómo puede reaccionar su comunidad ante ciertas medidas. Eso es precisamente lo que contempla la normativa”.

¿Qué rol debería cumplir la Superintendencia de Educación en lo que respecta a Escuelas Protegidas?

“Seguir ejerciendo su rol de fiscalización, resguardando que estas medidas se implementen conforme a la normativa, con acuerdo de las comunidades educativas y respetando los derechos de los estudiantes”.

Quizás esta nueva ley los vuelve a recargar con otras responsabilidades. ¿O esto es diferente a las exigencias formales?

“Hay una diferencia entre imponer nuevas exigencias administrativas y entregar herramientas para actuar. El foco de esta iniciativa está en lo segundo. Lo que busca es reconocer un mayor espacio de decisión a las comunidades educativas para enfrentar situaciones complejas de acuerdo con su realidad, criterio y reglamentos internos”.

 ¿La norma resguarda debidamente a los estudiantes, considerando la opción de revisar mochilas y bolsos?

“Durante la tramitación se ha avanzado justamente en establecer resguardos y protocolos para que estas medidas se apliquen considerando que se trata de menores de edad. La discusión en el Senado ha buscado compatibilizar la necesidad de entregar herramientas a los establecimientos con el respeto a los derechos y la dignidad de los estudiantes”.

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