En casi todo el mundo se suele asociar a la derecha con una posición conservadora que promueve ciertas restricciones a los procesos inmigratorios. Sin embargo, en Chile esta posición existe en todo el espectro político; así hemos podido constatarlo durante las últimas elecciones, en las que hubo conocidos casos de candidatos de izquierda que hicieron campaña con mensajes contra la inmigración.

Pero, la verdad de las cosas, es que la centroderecha chilena, en especial aquella que entiende la libertad como eje esencial de los seres humanos, debería apoyar y promover una política migratoria inclusiva, que acoja al inmigrante y que le permita aprovechar, en libertad, de las oportunidades que Chile puede ofrecerle gracias a más de 25 años de estabilidad política y de crecimiento económico sostenido. Los inmigrantes llegan a nuestro país motivados, precisamente, por esas nuevas oportunidades, por alternativas de desarrollo personal y de bienestar para ellos y sus familias. Si ponemos trabas burocráticas a su ingreso al país estaremos coartando esa posibilidad de desarrollo para ellos, para sus hijos y consiguientemente para nuestro propio crecimiento y desarrollo.

Lamentablemente, hay tres grandes mitos o falsedades que nos impiden ver esta realidad. El primero de ellos es el mito de que los inmigrantes le significan al Estado un alto costo económico. En Chile, sin embargo, el Estado es, por definición, subsidiario –y no un Estado de bienestar, cuyo modelo se encuentra quebrado en varios países europeos– lo que significa, en términos simples, que el fisco chileno no mantiene económicamente a los ciudadanos, sino que focaliza el gasto social en los más necesitados, privilegiando al mismo tiempo la iniciativa de las personas y de la sociedad civil. La inmigración, por lo tanto, no genera un alto costo, sino que nos deja con una balanza ampliamente positiva, pues ella aporta capital humano, social y cultural que nos enriquece. Es esta balanza positiva la que, poco a poco, se transformará en un aporte fundamental para que el país alcance el desarrollo.

El segundo mito o falsedad, asociado al anterior, es que los inmigrantes vienen a “quitar trabajo” a nuestros compatriotas. Muy por el contrario, con la llegada de nuevos habitantes a nuestro país se demanda una mayor cantidad de bienes y servicios, y por lo tanto se generan nuevos puestos de trabajo y se abren nuevas oportunidades laborales. Cualquiera puede constatar este espíritu de emprendimiento inmigrante con los conocidos casos de sus restaurantes, minimarkets, peluquerías, etc. Chile es un país pequeño con un inmenso potencial, la inmigración nos ayuda a desplegar con mayor fuerza ese potencial.

Finalmente, el tercer gran mito, y tal vez el más odioso de todos, es el que relaciona los altos niveles de delincuencia con los inmigrantes. Esto es radicalmente falso. Aunque en todo grupo humano puedan darse excepciones, los inmigrantes tienen tasas delictuales inferiores a las de nuestros compatriotas. Existen estudios –como el del Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado– que indican que los extranjeros condenados son una minoría pequeña en relación al porcentaje de chilenos.

Por lo demás, en relación a este tercer mito, imaginemos qué sucedería si –con una ley migratoria mal hecha– hiciésemos pagar a los buenos por los malos; si así fuese, estaríamos castigando a ciudadanos honestos en vez de a los delincuentes. Si ponemos trabas y cortapisas a la inmigración con el argumento de que “algunos” inmigrantes cometen delitos, entonces el malo habrá vencido sobre el bueno, y con ello dejaríamos de ser una sociedad basada en la buena fe, que es uno de los principios básicos del Estado de derecho.

Pero la defensa de la libertad migratoria, y de una política inclusiva en esta materia, no es sólo es una cuestión de cálculo económico o un asunto de seguridad pública; se trata, sobre todo, de una cuestión de principios y derechos. Todo inmigrante tiene, por cierto, el derecho a ser tratado de manera igualitaria y a que se respete el ejercicio de sus derechos fundamentales como individuo, entre los que se incluye la libertad de tránsito. Es precisamente este derecho fundamental el que violan de forma sistemática aquellos estados que controlan y restringen extremamente los fenómenos migratorios, como Corea del Norte o Cuba. Por el contrario, en un estado de derecho, la injerencia del gobierno no puede alterar nuestra condición humana de migrantes, pues la libertad de cada persona es irreductible y no puede ser coartada arbitrariamente por su nacionalidad o etnia.

Por consiguiente, tal como la centroderecha defiende la libertad de empresa, el emprendimiento y la innovación, frente a un proyecto socialista que pone trabas a estas libertades, de la misma forma, ella debería defender el derecho a la libertad tránsito de quienes pueden verse afectados por el Estado de buscar, honradamente, un mayor bienestar para ellos y sus familias. En este contexto, la centroderecha tiene hoy una responsabilidad histórica: la de impulsar una política migratoria de apertura e inclusión que le ayude a Chile a alcanzar el desarrollo.

Benjamín Ugalde
Benjamín UgaldeHorizontal