El conflicto se ha tratado sistemáticamente de una misma manera en los últimos 30 años, presentando en la actualidad mayor complejidad que la que tenía en sus comienzos. Esto, principalmente debido al aumento de enfrentamientos; la excesiva centralización del país; y la baja representatividad mapuche, generando expresiones de violencia y pobreza que, a su vez, ocultan la complejidad política de las legítimas demandas de los pueblos originarios. Por su parte, los gobiernos de turno han actuado bajo un mismo “estándar para enfrentar el conflicto”, realizando más de lo mismo, una y otra vez.

Como sociedad hemos sido testigos de la perennidad de este conflicto que data desde el siglo XIX. La historia reciente ha estado marcada por hitos como la promulgación de la Ley de fomento forestal; la construcción de la central hidroeléctrica Ralco; la Ley indígena y la creación de CONADI; la Ley anti-terrorista; el caso Luchsinger-Mackay; y diversos planes de gobierno con escuálidos resultados. Ha quedado claro que es un tema de discusión política, económica, social y ambiental, donde entran temas que están relacionados a diversos ministerios. Sin embargo, los medios de comunicación y los testimonios de variados actores dan cuenta del carácter extremista y la falta de voluntades que dificultan la generación de una solución conjunta al conflicto.

Siguiendo lo acordado en el Convenio OIT 169, en 2009 entró en el parlamento un Proyecto de Ley que crea el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, una iniciativa que pretende aumentar la participación y representatividad indígena frente a otros organismos del Estado, pero que después de 8 años sigue en trámite.

Por su parte, las propuestas presidenciales proponen aumentar el diálogo y participación entre las partes (estado, sociedad civil y empresas) para generar acuerdos y buscar soluciones. Sin embargo, es ambicioso -y utópico- esperar solucionar en cuatro años de gobierno un conflicto tan antiguo como Chile. El trabajo debe comenzar con voluntades políticas reales que permitan desarrollar procesos de reconocimiento y diálogo, que sean responsables, respetuosos y transparentes, permitiendo recuperar la confianza entre las partes.

Afortunadamente, está la positiva experiencia de varios países que han enfrentado conflictos que incluyen a los pueblos originarios, entregando un abanico de alternativas que sirven como referente para que Chile genere instancias adecuadas para lograr una solución. Ejemplo de esto son los Consejos de Tierras Maorís y su éxito preservando el valor cultural y ambiental de las tierras; o el Parlamento Sami en los países nórdicos, que ha promovido el desarrollo económico y cultural de las comunidades indígenas.

Desde marzo, el desafío ya no sólo estará en las voluntades del Gobierno, sino que retomará con fuerza su presencia en el parlamento, especialmente por parte de aquellos que estén dispuestos a generar consensos para llegar a buen puerto, por el bien de la cultura mapuche y de nuestro país. La gestión del conflicto debe apuntar hacia un futuro sostenible, tanto a nivel ambiental, sociocultural y económico, enfocándose en la reconciliación entre todas las partes involucradas.