Chile ha convivido con amenazas de origen natural y antrópica desde sus orígenes, y han sido muchas las ocasiones en que aquellas han terminado en desastres de diferente magnitud, afectando significativamente a la población expuesta en términos de su integridad física y sus recursos materiales. Al mismo tiempo, tales desastres -entendidos como riesgos mal gestionados-, terminan impactando las arcas fiscales cada vez que el Estado debe redirigir recursos públicos para atender las diferentes emergencias, mermando la posibilidad de destinar aquellos a otras necesidades y demandas públicas.

Últimamente, y no solo en Chile sino que en el mundo entero, , hemos podido observar un aumento tanto de la frecuencia como de la violencia con la cual se han estado manifestando estas amenazas y de acuerdo a estudios internacionales, nada hace presagiar que esto vaya a disminuir sino que por el contrario, su frecuencia y magnitud irán al alza.

Es por ello que lo que hasta hace un tiempo sólo se veía como un problema de “atención de emergencias”, desde fines del siglo pasado en distintos foros especializados -tanto en nuestro país como en el extranjero- el tema pasó a tener un interés global, vinculado a la seguridad de las personas, el desarrollo económico y la sustentabilidad. El Marco de Acción de Hyogo y posteriormente el de Sendai, (este último firmado por 168 países al alero de la ONU en el 2015, que considera un plan de acción de 15 años), es un claro compromiso en ese sentido. Los países firmantes -entre ellos Chile- se comprometieron en dicha oportunidad a mirar el problema desde una perspectiva multidimensional, entendiendo que más que buscar administrar adecuadamente la emergencia asociada a desastres naturales, lo verdaderamente importante es avanzar en  la gestión del riesgo de desastres, mediante “la aplicación de medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional”, con el objeto de que aquellas “prevengan y reduzcan la exposición a los peligros y la vulnerabilidad a los desastres, aumente la preparación para la respuesta y la recuperación, y de ese modo, refuerce la resiliencia”.

Nuestro país está al debe en esta materia. Hoy no contamos con un sistema robusto que permita gestionar el riesgo de desastre, mediante la planificación, ejecución y empleo de las capacidades que se requieren para lograr reducir los efectos de las amenazas, y cuyo fin último y gran objetivo siempre, es disminuir la pérdida de vidas, sus bienes e infraestructura. Por el contrario, lo que tenemos es un aparato administrativo poco eficiente y eficaz, respecto del que si no incorporamos drásticos cambios de paradigma y no invertimos los recursos necesarios, definitivamente no será aquel sistema de gestión al que nos hemos comprometido internacionalmente, y del cual depende enfrentar con mejores resultados que hasta ahora los riesgos que nos presenta la naturaleza y la intervención del hombre sobre aquella. Por cada dólar invertido en prevención del riesgo, Chile podría ahorrar entre 4 y 7 dólares que de otra manera tendrían que ser dirigidos a la atención de la emergencia provocada por un desastre.

Con el objeto de construir un sistema para reducir el riesgo de desastres, debemos avanzar hacia una institucionalidad que permita identificar y conocer el riesgo; reducir el riesgo presente y futuro; manejar el desastre -esto es, preparación y ejecución de la respuesta ante la emergencia, y su posterior rehabilitación-, y finalmente, lograr la protección financiera como elemento esencial en la transferencia del riesgo.

Como condición esencial de este sistema, además, éste tiene que considerar una alta integración tanto horizontal como vertical entre los distintos servicios y oficinas públicas y organizaciones privadas; una fuerte coordinación intersectorial, y una descentralización y autonomía suficiente en los niveles locales cuya soporte sea el principio de subsidiariedad.

Así, el Estado juega un rol fundamental al momento de gestionar un sistema fuerte, firme y preventivo, el cual tenga una mirada a largo plazo, que sea capaz de establecer una Agenda para la Gestión del Riesgo de Desastres al año 2030, que sirva como “columna vertebral” para el desarrollo del sistema, acompañado en cada periodo de gobierno por Planes de Acción, que fijen los centros de gravedad acorde a las orientaciones que determine el gobierno en ejercicio.

La Gestión del Riesgo de Desastres es un tema que atraviesa todas las funciones públicas y sus deficiencias afectan principalmente a los más vulnerables de la sociedad, la mayoría de las veces con resultados dramáticos. Es así un tema de Estado que ciertamente supera un determinado periodo de gobierno. Sin embargo, será el próximo Presidente de la República quien tendrá la tarea de dar definitivo inicio al recorrido que nos llevará a cumplir con los siete objetivos mundiales acordados en Sendai hace ya dos años, y que tienen como meta de su desarrollo el año 2030. Sin duda una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo una tremenda oportunidad, la de conducir a Chile hacia la vanguardia en el manejo de uno de los temas más urgentes de la modernidad, y en lo inmediato, la de reducir sustantivamente los riesgos y costos asociados a un desastre, en particular, la pérdida de vidas humanas.

Rodrigo Ortiz
Rodrigo OrtizCoordinador
Comisión de Gestión del Riesgo de Desastre